Este boletín quincenal, es un seguimiento cronológico de temas actuales
relacionados con la IA en Asia y Occidente, también se incluyen tópicos como:
ciberseguridad y semiconductores. Para cumplir con ese propósito, se monitorean
información de fuentes primarias, como medios periodísticos electrónicos, revistas
electrónicas, base de datos de la UNAM y think tanks en donde se rescatan artículos,
reportes, testimonios, datos duros actuales e infografías.
En septiembre de 2025, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el
Distrito de Columbia emitió un fallo histórico contra Google, acusándola de mantener
ilegalmente un monopolio en el mercado de búsquedas en línea. Aunque la sentencia
no obliga a la empresa a vender Chrome ni Android, sí impone restricciones clave:
Google deberá compartir ciertos datos de búsqueda con competidores y limitar los
pagos que garantizan su posición privilegiada en navegadores y dispositivos móviles.
Este fallo plantea una pregunta crucial: ¿realmente favorece a la competencia o
simplemente redistribuye el poder entre otras grandes tecnológicas? El juez Amit
Mehta concluyó que Google había violado las leyes antimonopolio al pagar miles de
millones de dólares a fabricantes y desarrolladores para asegurar que su motor de
búsqueda fuera el predeterminado. Además, se determinó que el acceso exclusivo de
Google a datos de comportamiento de usuarios —como clics, consultas y patrones de
navegación— constituía una barrera de entrada para nuevos competidores. La
sentencia exige que Google: Comparta ciertos datos de búsqueda con competidores
calificados. Limite los pagos por posicionamiento predeterminado. No esté obligada a
desmantelar sus productos clave como Chrome o Android. El fallo contra Google
representa un intento por parte del sistema judicial estadounidense de equilibrar el
terreno en el ecosistema digital. Sin embargo, más que democratizar el acceso, podría
simplemente redistribuir el poder entre otros gigantes tecnológicos. La verdadera
competencia no se logrará solo con restricciones legales, sino con políticas que
fomenten la innovación, protejan a los consumidores y den espacio a nuevos actores.
