Los legisladores que se oponen a poner un precio al carbón o a la adopción de
medidas restrictivas a las emisiones de gases de efecto invernadero argumentan
que el hacerlo perjudicaría a empresas y consumidores. Pero las políticas
energéticas adoptadas por algunos estados americanos y provincias canadienses
demuestran que esos argumentos no tienen fundamento.
En todo el mundo, cerca de 40 países, entre ellos la
Unión Europea con 28 miembros, y muchas jurisdicciones más pequeñas se dedican
a algún tipo de fijación de precios del carbón. En este hemisferio, Columbia
Británica, Quebec, California y nueve estados del noreste han elevado el costo
de la quema de combustibles fósiles sin dañar la economía. Alberta (el mayor
productor de petróleo y gas de Canadá) y Ontario han dicho que van a adoptar
políticas similares.
La fijación de precios del carbón se presenta en dos
formas: un impuesto directo sobre las emisiones o un límite a las emisiones.
FUENTE: Editorial, Proof
That a Price on Carbon Works, The New
York Times, 1-19-15
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