Scott Sinclair, Canadian Centre for Policy Alternatives, NAFTA Chapter 11 Investor-State Disputes, 1-15, 41 pp.
Cuando el TLCAN
(NAFTA) entró en vigor hace 21 años,
había una gran discusión sobre su impacto en el empleo, la Energía y la Soberanía.
Desafortunadamente, “poca atención se puso a una disposición poco clara en el Tratado
que permitió que los inversionistas extranjeros invocaran al arbitraje
obligatorio del inversionista en su intento por desafiar las medidas del
gobierno ante los alegatos sobre una disminución del valor de inversiones. Scott
Sinclair, quien dirige el proyecto de Investigación sobre Comercio e Inversiones del Canadian Centre for Policy Alternatives. En este estudio se
presenta un análisis razonado sobre las dudas para conceder el derecho de los inversionistas extranjeros que
se ha topado en las cortes mexicanas, “en un entorno de propensión a la corrupción y a la interferencia política”. Ciertamente, a lo
largo de dos décadas y más años actuales, el capítulo 11 del NAFTA y su sistema para entablar un
juicio en conflictos sobre el estado de inversiones (ISDS), “es cada vez más notorio”.
De las 77 demandas interpuestas por el inversionista que han sido archivadas
hasta la fecha bajo el NAFTA, solamente un puñado pertenece a la Administración
de Justicia en las Cortes Mexicanas. Según el estudio en su lugar, los
inversionistas extranjeros han utilizado el capítulo 11 para apuntar una amplia
gama de medidas del gobierno, especialmente en las áreas de la protección ambiental
de la gerencia de Recursos Naturales, alegando se “han deteriorado beneficios
corporativos”. El autor de la
investigación ha escrito extensamente sobre
los impactos de los tratados del comercio y de la inversión en servicios
públicos y la regulación pública. Ir a documento
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