Nicole Prchal Svajlenka, analista senior de políticas
de inmigración en el Center for American
Progress, explica en su artículo titulado “What Do We Know About Immigrants
with Temporary Protected Status?” (lit. ¿Qué sabemos sobre los inmigrantes con
estatus de protección temporal?), que el
estado de protección temporal (TPS por sus siglas en inglés) “es un programa poco conocido que ofrece un
estado legal temporal a ciertos inmigrantes en los Estados Unidos que no pueden
regresar a su país de origen debido a un conflicto armado en curso, un desastre
natural u otras razones extraordinarias”. Así, “una vez que el Departamento de
Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) de EE.UU. emite una
designación de TPS para ciudadanos de ese país, los solicitantes deben
demostrar que han vivido continuamente en los Estados Unidos desde una fecha
específica y someterse a una verificación de antecedentes penales y de
seguridad”.
La analista destaca en su artículo que a medida que
la administración Trump trabaja para desmantelar sistemáticamente el sistema de
inmigración de los Estados Unidos en los últimos dos años, ha finalizado las
designaciones de TPS para 6 de los 10 países: El Salvador, Haití, Honduras,
Nepal, Nicaragua y Sudán, los cuales representan el 98% de los casi 318.000
individuos actualmente protegidos por TPS. Asimismo, el mandatario puso fin a
la Deferred Enforcement Departure, “un
programa similar, para ciertos liberianos en los Estados Unidos”.
En opinión de Nicole Prchal, la cancelación de ambos
programas representa complicaciones para la vida de los que eran beneficiarios,
pues según datos presentados por ella misma, aproximadamente 620.000 personas
viven en un hogar con un miembro de la familia que protege el TPS. Ese número
incluye 448.000 ciudadanos estadounidenses, de los cuales 279.000 son niños
ciudadanos estadounidenses menores de 18 años, por lo cual, el fin del TPS
afectaría directamente a los niños, ya que serán separados de sus padres o
forzados a mudarse a un país extranjero, sin contar “Las ramificaciones que
enfrentarían estos niños, incluyendo la angustia emocional, la inseguridad
económica y los impactos en el desarrollo que podrían alterar la vida”.
Por otra parte, la analista sostiene que los
titulares de TPS son los principales contribuyentes a la economía de los
Estados Unidos, ya que con sus comunidades, la economía se beneficia de muchas
maneras. Ella argumenta que “Con una tasa de participación en la fuerza laboral
del 87%, más de 246,000 beneficiarios de TPS están trabajando en todo el país”.
Pero más importante aún, además de sus trabajos, “los titulares de TPS
mantienen a la economía con sus ganancias. Los hogares con titulares de TPS
aportan $ 2.3 mil millones en impuestos federales y $ 1.3 mil millones en
impuestos estatales y locales anualmente”. Dando un total $ 10.1 mil millones
en poder adquisitivo
Finalmente, Nicole Prchal Svajlenka concluye que
miles de individuos se ven obligados a estar a la expectativa sobre sus
posibles opciones, entre ellas regresar a sus países de origen, lugares que no
han visitado en años. Así que, al igual que en el caso de los Dreamers, “el Congreso debe aprobar una
legislación que ofrezca un camino hacia la protección permanente y la
ciudadanía para las personas con TPS”.
FUENTE: Prchal, Nicole. “What Do We Know About
Immigrants with Temporary Protected Status?” Center for American Progress. 02-11-19
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