Muchos son los problemas que ocasionan la violencia en
México, por ejemplo, la educación, el acceso a los servicios básicos, el
salario, el sistema de justicia penal y todos aquellos, por mínimos que sean, han
tenido un impacto económico negativo en México más profundo del que se piensa. Según
la Organización Mundial de la Salud (OMS) la violencia es el uso intencional de
la fuerza física, amenazas contra uno mismo u otras personas y que tiene como
consecuencia un traumatismo físico, psicológico, de desarrollo o la muerte. Disminuir
este tipo de prácticas y, en su lugar, empezar a construir la paz, no solo nos
llevaría a ser una mejor sociedad,
sino que también se incentivaría la economía, como asegura el reporte Índice de Paz México 2019 del Instituto para la Economía y Paz (IEP por sus siglas en
inglés), donde se analiza la situación de la paz en este país (y de otros) cada
año desde el 2007. El reporte hace sonar la alarma de peligro ante la escalada de
violencia y las malas políticas públicas: se revela que la violencia le ha
costado a México $268 mil millones de dólares, el equivalente al 24% del PIB
del país; es tanto dinero, que equivaldría a pagar 2 veces la deuda externa de
Venezuela (la que estimaron los analistas en el 2018) y quedarse con algo de dinero.
Esta es la cara de la violencia
para el Instituto para la Economía y Paz, un
centro de ideas independiente, apartidista y sin fines de lucro, enfocado a
cuantificar la paz fuera de los marcos y definiciones comunes, pero también a promover
políticas públicas en favor de una sociedad más pacífica. Dividido en cinco capítulos,
en el primero resaltan que el principal hallazgo del reporte es que el gobierno
de México “ha invertido en el sistema judicial menos de los que se requiere”,
pues el gasto como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) “es apenas la
mitad del promedio de los demás países que integran la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”. En el segundo capítulo, entran
de lleno en el valor económico de la Paz, así como también en el impacto per capita, las tendencias
gubernamentales y los gastos que ha hecho la administración para detener la
delincuencia.
Su metodología, que se explica
al detalle en el último capítulo, se basa en el índice de Paz Global, una
medición reconocida alrededor que retoma “las principales tendencias, modelos y
factores que impulsan la paz en México” y las analiza desde la perspectiva de
la Paz Positiva, un método “que estudia ocho estructuras sociales y destaca
áreas importantes para el diseño de políticas públicas”. Esto permite no solo calcular
el valor económico de la paz, sino también las principales víctimas, perpetradores
de la violencia, el estado de la seguridad interna, que se explican en la
sección 3. Muy interesante la cuarta sección, llamada “La Paz Positiva en México”,
porque divide el concepto de paz en
dos, la Positiva y la Negativa, como conceptos relacionados con la intuición de
las personas. La Paz Negativa es “la ausencia de violencia o de miedo a la violencia”,
mientras que la Paz Positiva “representa la capacidad de una sociedad para
cubrir las necesidades de sus ciudadanos, disminuir los agravios que surjan y
solucionar los demás desacuerdos sin usar la violencia”. La Paz Positiva, más
que ambiciosa o idílica, se trata de conformar ocho pilares que aportan las
condiciones necesarias (no irreales) para una sociedad pacífica: el buen
funcionamiento del gobierno, distribución equitativa de los recursos, libre
flujo de información, entorno empresarial sólido, alto nivel de capital humano,
aceptación de los derechos de los demás, bajos niveles de corrupción y las
buenas relaciones con los vecinos.
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