Por primera vez en la historia de la relación bilateral México-Estados
Unidos, el gobierno mexicano demanda a varios de los principales fabricantes de
armas con sede en Estados Unidos, alegando que los controles laxos contribuyen
al flujo ilegal de armas a través de la frontera. La inusual demanda
-presentada en un tribunal federal estadounidense en Boston- busca una
compensación financiera no especificada de las empresas, pero no apunta al
gobierno de Estados Unidos. Las autoridades mexicanas argumentan que las armas
de fabricación estadounidense han alimentado una explosión de homicidios en
esta nación durante la última década. Alrededor de 2,5 millones de armas
estadounidenses ilícitas han cruzado la frontera durante ese periodo, según un
estudio del gobierno mexicano publicado el año pasado. Esto contrasta con los
términos de la relación intergubernamental, donde ambos gobiernos están
buscando acuerdos en materia de frontera, migración y seguridad.
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