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Economic impact of proposed rule change: inadmissibility on public charge grounds


El fin de semana del 20 de septiembre, el gobierno de Donald Trump propuso nuevas reglas de “Cargos Públicos” que otorgan a los funcionarios el derecho de retirar las tarjetas de residencia a los solicitantes que aprovechen una amplia gama de programas de ayuda del gobierno, a los que tienen derecho legalmente, incluida la asistencia alimentaria y los vales de vivienda.
De acuerdo con el artículo “Economic impact of proposed rule change: inadmissibility on public charge grounds” publicado en el New American Economy, la nueva disposición legal  de “Cargo Público” propuesto por la administración Trump,  potencialmente podría hacer que millones de inmigrantes y aspirantes para trabajar en industrias clave no puedan ir a Estados Unidos y obtengan así una residencia permanente; también podrían impedir que millones de personas más que están trabajando legalmente en estas industrias puedan quedarse en el país. La disposición legal propuesta pondría en marcha estas medidas bajo el pretexto de la política pública de negar la residencia permanente y ciertas visas temporales a cualquier persona que pueda convertirse en una "carga pública". Actualmente, el gobierno federal puede considerar a los futuros inmigrantes como "carga pública" cuando es probable que se conviertan en protegidos del Estado.
El artículo dice también que la propuesta de ley  de  Trump expande la práctica discriminatoria de dos maneras separadas y perjudiciales que podrían dañar la economía de Estados Unidos. En primer lugar, se amplía la definición de “cargo público” para incluir a millones de personas que ya son miembros contribuyentes de la sociedad y la economía. En segundo lugar, supone implícitamente e incorrectamente que las personas que reciben beneficios ahora no pueden convertirse en contribuyentes productivos en el futuro, una proposición desmentida por la larga historia de Estados Unidos de tener inmigrantes, a menudo pobres, que llegan a las costas, trabajan arduamente y encuentran el éxito por sí mismos. Dos datos que ayudan a reflejar que lo anterior es mentira son: que los hijos de inmigrantes han desempeñado un papel importante en la configuración de la economía en Estados Unidos y que casi el 44% de las compañías de Fortune 500 en E.E.U.U. fueron fundadas por un inmigrante o un hijo de un inmigrante.
Otro aspecto que toca el artículo es que según la práctica actual, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) define "Cargos Públicos" para inmigrantes que son "principalmente dependientes" del bienestar basado en efectivo, lo que significa que los beneficios públicos representan el 51% o más de sus ingresos. Asimismo. de acuerdo con la disposición, “se les puede prohibir a los inmigrantes tener un hijo con una enfermedad crónica, una hipoteca, una disputa anterior que haya afectado su puntaje de crédito o un ingreso anual de menos de $ 63,000 dólares al año, por nombrar sólo algunos de los numerosos factores potencialmente descalificadores”. Como resultado, a muchos inmigrantes que trabajan tiempo completo, que apoyan a una familia y contribuyen a la economía se les puede prohibir la admisión o se les puede negar la residencia permanente.
Según datos recabados por New American Economy, la nueva regulación de “Cargo Público” afectaría principalmente a los inmigrantes que trabajan, a menudo, en industrias clave, lo cual es injusto porque, en conjunto, los inmigrantes potencialmente afectados por esta regulación ya están pagando decenas de miles de millones de dólares en impuestos a los Estados Unidos cada año.  
Como conclusión, con el reglamento de “Cargo Público” de la administración Trump, cualquier persona que use más del 15% de los beneficios públicos (apenas $ 2.50 dólares  por persona por día para una familia de cuatro) se considerará un cargo público y seré inadmisible, y según el análisis de David Bier del Instituto Cato, esto significa que el estatus legal podría ser negado incluso a los inmigrantes que son autosuficientes hasta en un 95%.
FUENTE: “Economic Impact of Proposed Rule Change: Inadmissibility on Public Charge Grounds”. New American Economy. 10-11-18.

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