El fin de
semana del 20 de septiembre, el gobierno de Donald Trump propuso nuevas reglas de
“Cargos Públicos” que otorgan a los funcionarios el derecho de retirar las
tarjetas de residencia a los solicitantes que aprovechen una amplia gama de
programas de ayuda del gobierno, a los que tienen derecho legalmente, incluida
la asistencia alimentaria y los vales de vivienda.
De acuerdo
con el artículo “Economic impact of proposed rule change: inadmissibility on
public charge grounds” publicado en el New
American Economy, la nueva disposición legal de “Cargo Público” propuesto por la
administración Trump, potencialmente
podría hacer que millones de inmigrantes y aspirantes para trabajar en
industrias clave no puedan ir a Estados Unidos y obtengan así una residencia
permanente; también podrían impedir que millones de personas más que están
trabajando legalmente en estas industrias puedan quedarse en el país. La disposición
legal propuesta pondría en marcha estas medidas bajo el pretexto de la política
pública de negar la residencia permanente y ciertas visas temporales a
cualquier persona que pueda convertirse en una "carga pública". Actualmente,
el gobierno federal puede considerar a los futuros inmigrantes como "carga
pública" cuando es probable que se conviertan en protegidos del Estado.
El
artículo dice también que la propuesta de ley de Trump expande la práctica discriminatoria de
dos maneras separadas y perjudiciales que podrían dañar la economía de Estados
Unidos. En primer lugar, se amplía la definición de “cargo público” para
incluir a millones de personas que ya son miembros contribuyentes de la
sociedad y la economía. En segundo lugar, supone implícitamente e
incorrectamente que las personas que reciben beneficios ahora no pueden
convertirse en contribuyentes productivos en el futuro, una proposición
desmentida por la larga historia de Estados Unidos de tener inmigrantes, a
menudo pobres, que llegan a las costas, trabajan arduamente y encuentran el
éxito por sí mismos. Dos datos que ayudan a reflejar que lo anterior es mentira
son: que los hijos de inmigrantes han desempeñado un papel importante en la
configuración de la economía en Estados Unidos y que casi el 44% de las
compañías de Fortune 500 en E.E.U.U. fueron
fundadas por un inmigrante o un hijo de un inmigrante.
Otro
aspecto que toca el artículo es que según la práctica actual, el Departamento
de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) define "Cargos Públicos"
para inmigrantes que son "principalmente dependientes" del bienestar
basado en efectivo, lo que significa que los beneficios públicos representan el
51% o más de sus ingresos. Asimismo. de acuerdo con la disposición, “se les
puede prohibir a los inmigrantes tener un hijo con una enfermedad crónica, una
hipoteca, una disputa anterior que haya afectado su puntaje de crédito o un
ingreso anual de menos de $ 63,000 dólares al año, por nombrar sólo algunos de
los numerosos factores potencialmente descalificadores”. Como resultado, a
muchos inmigrantes que trabajan tiempo completo, que apoyan a una familia y
contribuyen a la economía se les puede prohibir la admisión o se les puede
negar la residencia permanente.
Según
datos recabados por New American Economy,
la nueva regulación de “Cargo Público” afectaría principalmente a los
inmigrantes que trabajan, a menudo, en industrias clave, lo cual es injusto
porque, en conjunto, los inmigrantes potencialmente afectados por esta
regulación ya están pagando decenas de miles de millones de dólares en
impuestos a los Estados Unidos cada año.
Como
conclusión, con el reglamento de “Cargo Público” de la administración Trump,
cualquier persona que use más del 15% de los beneficios públicos (apenas $ 2.50
dólares por persona por día para una
familia de cuatro) se considerará un cargo público y seré inadmisible, y según
el análisis de David Bier del Instituto Cato, esto significa que el estatus
legal podría ser negado incluso a los inmigrantes que son autosuficientes hasta
en un 95%.
FUENTE: “Economic
Impact of Proposed Rule Change: Inadmissibility on Public Charge Grounds”. New American Economy.
10-11-18.
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