martes, 24 de abril de 2018

What’s at Stake. Immigrant Impacts in 287(g) Jurisdictions


La retórica de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las leyes migratorias siempre han venido cargadas de tintes racistas, justificándolas de que se necesita proteger a los ciudadanos y la economía estadounidenses, sin que se sepa puntualmente de qué se les protege. No obstante, es importante recordar que Estados Unidos es un país formado por la inmigración, o así lo considera en su análisis Nicole Prchal Svajlenka, analista sénior sobre política migratoria para el Center for American Progress, diario de una organización sin fines de lucro con el mismo nombre. Como el título de su publicación, “What’s at Stake. Immigrant Impacts in 287(g) Jurisdictions”, se analizan los riesgos sobre aplicar la ley 287 (g) sobre inmigrantes, tomando en cuenta contribuciones demográficas, económicas y fiscales de los inmigrantes en las 75 comunidades de Estados Unidos donde se ha aplicado dicha ley, lugares donde han residido mucho tiempo estas personas, ya sean documentados o indocumentados. Según dice Svajlenka en su informe, “el año pasado, 29 nuevas jurisdicciones se inscribieron en el programa federal 287(g), las cuales están capacitando a sus policías locales para actuar como agentes de inmigración a través de este acuerdo”, mientras otras 27 comunidades consideran unírseles. Esta sección 287 (g) de la Ley de Inmigración, permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) establecer contratos con las policías locales para aumentar la capacidad de arresto de extranjeros sin autorización para permanecer en el país o con antecedentes criminales. El programa fue activado en 2003 por el Departamento de Justicia (DOJ), en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. En aquel entonces, durante el gobierno de George W. Bush, el DHS no había sido creado y los asuntos migratorios estaban bajo el mando del DOJ.  El informe revela además que el cumplimiento de la ley de inmigración deja “efectos escalofriantes” en las comunidades inmigrantes afectadas. Svajlenka subraya que  “independientemente del estado migratorio, se descubrió que el 44% tenía menos probabilidades de contactar a la policía si eran víctimas de un crimen, por temor a que las autoridades les preguntaran sobre su estado migratorio”. Añade que 38% reportaron sentirse bajo alta sospecha ahora que la policía local está más vinculada en el trabajo de las autoridades federales de aplicación de la ley de inmigración, y que esa tasa incluso fue más alta para los inmigrantes latinos sin estatus legal.
FUENTE: Svajlenka, Nicole Prchal. “What’s at Stake. Immigrant Impacts in 287(g) Jurisdictions”. Center for American Progress. March 2018.
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